Trump ordena investigar a abogados que litigan contra su administración
El presidente Donald Trump ordenó a la fiscal general Pam Bondi revisar la actuación de abogados y firmas que han litigado contra el gobierno en casos migratorios durante los últimos ocho años. En un memorando publicado el 21 de marzo, Trump acusó a estos abogados de contribuir al «fraude y demandas sin mérito», sugiriendo sanciones para quienes considere responsables de estas prácticas.
Diversos informes señalan que esta medida forma parte de una estrategia más amplia para endurecer las políticas migratorias de su administración. La ACLU y otros grupos defensores de los derechos civiles han calificado la acción como un intento de «intimidar» a los abogados que representan a inmigrantes. Además, la decisión ocurre en un contexto donde Trump y sus aliados han pedido el juicio político del juez James Boasberg, quien bloqueó las deportaciones de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
El memorando también sigue una serie de acciones recientes contra firmas legales con vínculos demócratas, como Covington & Burling y Perkins Coie. Además, se anunció un acuerdo con el bufete Paul Weiss, que aceptó excluir la diversidad e inclusión en sus contrataciones y destinar 40 millones de dólares en servicios legales a iniciativas respaldadas por el gobierno de Trump.
Las reacciones han sido diversas. Mientras la administración justifica la medida como un esfuerzo para garantizar la integridad del sistema legal, críticos la ven como una ofensiva contra el derecho a la defensa en casos migratorios. La revisión y posibles sanciones aún están en desarrollo.
