A casi dos años de denunciar actos de tortura por parte de la Policía Ministerial en Veracruz, Diego Fernando Bonilla, indígena ñuhú de la comunidad El Pericón en Texcatepec, enfrenta el posible cierre de su caso, a pesar de contar con pruebas periciales, testimonios y respaldo jurídico. Su caso se ha visto obstaculizado por omisiones de la Fiscalía de Tortura, que recientemente manifestó su intención de no ejercer acción penal, lo que dejaría impune la violación a sus derechos humanos.
Los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2023, cuando Diego fue trasladado a la Fiscalía de Huayacocotla para rendir testimonio tras presenciar el asesinato de su amigo. Según su denuncia, antes de declarar, fue torturado para que incriminara a una persona, pese a que no pudo ver al agresor debido a la oscuridad del lugar del crimen. Su declaración fue tomada por el fiscal y una intérprete oficial, pero redactada en español con una versión que no reflejaba lo que dijo en su lengua materna, el ñuhú.
Con el acompañamiento del Centro Prodh y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Diego presentó una denuncia formal por tortura en junio de 2023. Sin embargo, la investigación avanzó solo tras interponer un amparo indirecto en marzo de 2024. El caso fue inscrito en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), que señala a Veracruz como la entidad con mayor número de víctimas, en especial personas indígenas. No obstante, el pasado 25 de marzo, la Fiscalía informó que buscaría cerrar la investigación.
Organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron que la declaración obtenida bajo coacción sigue siendo utilizada para mantener en prisión a una persona, a quien Diego nunca señaló como responsable. Por ello, exigieron a la Fiscalía una investigación seria, imparcial y con enfoque intercultural, que garantice justicia tanto para Diego como para quienes han sido afectados por declaraciones fabricadas bajo tortura.
