Denuncian red de despojo agrario en Mitla, Oaxaca, con complicidad de autoridades
Más de 20 familias acusan a autoridades comunales y al Tribunal Agrario 21 de coludirse para despojarlos ilegalmente de sus tierras mediante documentos falsos y juicios amañados.
Redacción Oaxaca Político.- En una conferencia de prensa realizada esta semana, más de 20 familias de esta comunidad zapoteca denunciaron ser víctimas de un patrón sistemático de despojo de tierras, supuestamente legalizado por autoridades locales en colusión con el Tribunal Unitario Agrario número 21.
Los afectados acusan al Comisariado de Bienes Comunales de expedir actas de posesión basadas en documentos falsificados, lo que ha derivado en juicios agrarios arbitrarios y resoluciones judiciales que violan sus derechos. Aseguran que se trata de una red de corrupción que opera con total impunidad en el municipio, y que ha convertido la tenencia de la tierra en un negocio ilícito al servicio de unos cuantos.
Uno de los casos emblemáticos es el del terreno conocido como «El Macahuite», perteneciente a Efraín Hernández García. Según su testimonio, la propiedad le fue heredada legítimamente por su tío, Rufino Aguilar Quero, y está respaldada por escrituras legales con más de medio siglo de antigüedad. No obstante, en 2021 su propio hermano, Adolfo Hernández García, presentó un acta de posesión con documentación apócrifa para reclamar la propiedad del predio.
El conflicto escaló cuando el Comisariado de Bienes Comunales expidió de manera irregular un acta que reconocía una compraventa ficticia a favor de Adolfo. El juicio agrario que se siguió fue inicialmente desestimado, luego reabierto sin previo aviso y resuelto en contra de Efraín Hernández, quien denunció haber sido privado de su derecho a la defensa. El 30 de abril pasado, el terreno fue ocupado con apoyo de fuerza pública.
Los denunciantes también señalaron a un grupo reducido de comuneros, entre ellos los hermanos Pepe y Cirilo Juárez Antonio, como quienes buscan controlar el territorio comunal excluyendo al resto de la población, incluso a quienes cuentan con escrituras legalmente reconocidas.
La situación se ha tornado violenta: en 2024, Efraín Hernández fue víctima de una agresión con arma blanca, presuntamente relacionada con este conflicto.
Ante esta crisis, los afectados exigieron una auditoría federal al Comisariado de Bienes Comunales de Mitla, la intervención inmediata de la Procuraduría Agraria y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como sanciones penales por la simulación de procedimientos agrarios.
Además, solicitaron la intervención urgente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organismos internacionales, así como del gobernador Salomón Jara Cruz y la presidenta Claudia Sheinbaum, para frenar lo que califican como una red de corrupción agraria y garantizar el respeto al estado de derecho en la comunidad.
