Detectan contratistas con domicilios «fantasmas» en Oaxaca; Gobierno refuerza transparencia en asignación de obras
La Secretaría de Honestidad y Transparencia de Oaxaca revela irregularidades en el registro de contratistas de obra pública, lo que retrasa la asignación de proyectos; el gobernador Salomón Jara subraya el compromiso con la transparencia.
Redacción Oaxaca Político.- La titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca, Leticia Elsa Reyes López, dio a conocer la detección de contratistas de obra pública registrados con domicilios «fantasmas», un hallazgo que ha obstaculizado la asignación de proyectos por parte del gobierno estatal. Acompañada del gobernador Salomón Jara Cruz, la funcionaria detalló que, hasta la fecha, se han inscrito 385 contratistas, de los cuales 336 han sido sometidos a un exhaustivo proceso de revisión, mientras que 49 solicitudes siguen sin ser atendidas debido a diversas inconsistencias.
«Antes, los documentos de los contratistas no se verificaban adecuadamente, pero hoy, por instrucciones del gobernador Jara, debemos asegurarnos de que los contratistas realmente existan. Les estamos diciendo que estamos buscando su domicilio, pero a veces no los encontramos o no podemos verificar su dirección», explicó Reyes López.
La funcionaria destacó que el padrón de contratistas fue abierto en enero, sin embargo, no fue hasta mediados de marzo cuando comenzaron a registrarse los primeros contratos. «A partir del 15 de marzo, logramos registrar a 385 contratistas», señaló.
En su intervención, Reyes López enfatizó los esfuerzos por garantizar procesos más transparentes, impulsados por el uso de plataformas digitales para facilitar la supervisión y el seguimiento de las solicitudes. “Este gobierno no da cabida a favoritismos, por lo que hemos establecido una atención personalizada y transparente a todos los contratistas”, subrayó, reiterando que no se favorece a ninguno de los participantes en el proceso.
A través de estas medidas, el gobierno de Oaxaca busca establecer un nuevo estándar de integridad en la contratación pública, garantizando la correcta ejecución de las obras y una gestión pública más eficiente.
