EE.UU. aprueba la Ley Laken Riley: Detenciones de migrantes por delitos menores
El Congreso de Estados Unidos ha dado un paso significativo en su política migratoria al aprobar la Ley Laken Riley, que permite la detención de migrantes en situación irregular acusados de delitos menores.
Esta legislación fue aprobada el miércoles por la Cámara de Representantes, con un total de 263 votos a favor y 156 en contra, incluyendo el apoyo de aproximadamente 40 legisladores demócratas.
Primer Decreto del Segundo Mandato de Trump
La Ley Laken Riley se prevé que sea la primera norma firmada por el presidente Donald Trump en su segundo mandato. La legislación autoriza a las autoridades a detener a cualquier migrante acusado de delitos como robo, hurto, o asalto a un agente de la ley, así como aquellos delitos que resulten en lesiones graves o muerte a otra persona.
El nombre de la ley rinde homenaje a Laken Riley, una estudiante asesinada en 2024 por un inmigrante indocumentado, lo que ha sido utilizado por Trump como un argumento clave durante su campaña para endurecer las políticas migratorias. El caso ha resonado profundamente entre los partidarios del presidente, quienes ven en esta ley una forma de prevenir crímenes similares en el futuro.
Costos y Críticas a la Ley
Sin embargo, la Ley Laken Riley no está exenta de controversia. Los congresistas demócratas han expresado su preocupación por el costo exorbitante que implicará su implementación, estimando que podría alcanzar los 83 mil millones de dólares en los primeros tres años. La senadora demócrata Patty Murray criticó la ley en redes sociales, afirmando que «es mucho dinero para gastar en una legislación que conducirá al caos».
La congresista Alexandria Ocasio-Cortez también se manifestó en contra, advirtiendo que esta ley podría erosionar aún más el Estado de Derecho y permitir abusos contra los derechos de los migrantes.
Reacciones de Asociaciones y Expertos
Organizaciones como la Asociación de Abogados de Inmigración Americana (AILA) han rechazado la norma, argumentando que «no garantizará ni mejorará la seguridad pública». Kelli Stump, presidenta de AILA, afirmó que las políticas actuales ya proporcionan las bases necesarias para abordar los problemas relacionados con la inmigración sin necesidad de expandir la detención obligatoria.