Escándalo en Oaxaca por gasto millonario en desayuno del Día de las Madres
Una modesta porción de tinga y frijoles, servida en un evento oficial, desató indignación tras revelarse que costó más de 6 millones de pesos; la empresa beneficiada es dirigida por un exfuncionario acusado de acoso sexual.
Redacción Oaxaca Político.- La celebración del Día de las Madres organizada por el Gobierno del Estado de Oaxaca ha generado críticas luego de que se diera a conocer que el desayuno institucional tuvo un costo superior a los 6.3 millones de pesos, financiado con recursos públicos estatales.
De acuerdo con documentos oficiales, la Secretaría de Administración, encabezada por Noel Hernández Rito, adjudicó el contrato a la empresa Multiservicios Banff Gourmet, S.A. de C.V., por un monto exacto de $6,305,416.05 pesos. El menú consistió en una porción de tinga de pollo, frijoles negros y hojas de lechuga, lo que ha generado cuestionamientos debido a la aparente discrepancia entre el platillo servido y el presupuesto ejercido.
Además, se identificó que el administrador único de la empresa es Julio César Enrique Martínez, exfuncionario académico de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), quien fue separado de su cargo tras denuncias por acoso sexual presentadas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Organizaciones civiles han señalado la necesidad de mayor vigilancia en los procesos de adjudicación pública. La colectiva Marea Verde Oaxaca manifestó su preocupación por la falta de criterios éticos en la asignación de contratos, particularmente en eventos oficiales dirigidos a mujeres.
Hasta el momento, la Secretaría de Administración no ha emitido declaraciones sobre el proceso de contratación ni sobre los antecedentes del representante legal de la empresa contratada. Tampoco se ha dado a conocer el desglose detallado de los gastos del evento.
En redes sociales, la etiqueta #TingaDe6Millones ha concentrado las reacciones ciudadanas, en su mayoría críticas, tanto por el costo del evento como por las decisiones administrativas detrás del mismo.
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos y la necesidad de establecer controles más estrictos en la contratación de servicios por parte del gobierno estatal.
