Investiga DDHPO presuntas violaciones a derechos humanos durante “Operación Pescador” en Oaxaca
Más de 400 personas en situación de calle habrían sido detenidas por su apariencia; algunas fueron enviadas a centros de rehabilitación sin permisos para operar.
Redacción Oaxaca Político .– La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) abrió una investigación por posibles violaciones a los derechos humanos cometidas durante la reciente “Operación Pescador”, realizada los días 16 y 17 de mayo en la Central de Abasto de la capital oaxaqueña.
La intervención fue encabezada por elementos de la Policía Estatal, la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, la Fiscalía General del Estado, y contó con el respaldo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Según informes, el operativo tenía como objetivo combatir delitos como narcomenudeo, préstamos ilegales conocidos como “gota a gota” y robos. Sin embargo, más del 90% de las detenciones habrían recaído sobre personas en situación de calle, con adicciones o incluso jóvenes transeúntes, presuntamente aprehendidos solo por su aspecto físico.
La Defensoría señaló que ha recibido múltiples quejas de familiares de las personas detenidas, quienes reportan no conocer el paradero ni las condiciones en las que se encuentran sus seres queridos. En total, se informó de la remisión de al menos 416 personas a distintos centros, algunos de los cuales operan sin permisos legales y se ubican en municipios conurbados, cuyas autoridades han protestado públicamente por el traslado arbitrario de personas a su jurisdicción.
“El organismo ha solicitado información a la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez para contar con datos claros que permitan dar seguimiento puntual a cada caso”, informó la DDHPO en un comunicado. Además, reiteró su compromiso de atender de manera diligente todas las quejas y salvaguardar los derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
Las denuncias ciudadanas y el actuar de las autoridades involucradas han desatado una creciente preocupación social sobre la legalidad y ética de estos operativos, particularmente por el uso de centros de rehabilitación que no cumplen con las normativas oficiales ni garantías mínimas de respeto a los derechos humanos.
