La Pluma de Oaxaca

Exigen justicia para Sandra en Oaxaca y señalan omisión institucional

El asesinato de Sandra Domínguez Martínez, activista ayuuk y defensora de los derechos de las mujeres indígenas, revela con crudeza las fallas estructurales del Estado mexicano frente a la violencia de género, el racismo y la impunidad. Su muerte no puede entenderse como un hecho aislado, sino como una consecuencia de su labor de denuncia y acompañamiento a mujeres vulneradas, muchas veces por redes que involucran a autoridades locales. Su asesinato, con señales de ejecución, es un mensaje claro: quien desafía al poder, especialmente desde una identidad indígena y femenina, es castigada con violencia extrema.

La propia Sandra había visibilizado prácticas misóginas ejercidas por funcionarios estatales, incluyendo la difusión de imágenes de mujeres indígenas en situaciones de vulnerabilidad. Estos señalamientos debieron haber activado mecanismos de protección, pero, como en muchos otros casos, la omisión institucional resultó fatal. Este patrón de impunidad, donde quienes deberían garantizar justicia son parte del problema, refuerza un sistema que castiga a quienes exigen derechos y protege a quienes los violan.

El hallazgo del cuerpo de Sandra solo fue posible gracias a la presión social y a la articulación entre instancias como la SEDENA, la MARINA y el CNI, pero su familia dejó claro que sin la exigencia constante de la sociedad civil, la búsqueda no habría avanzado. Esta realidad resalta el papel fundamental de las madres buscadoras y colectivos que, ante la inacción estatal, se han convertido en actores clave en la lucha contra las desapariciones forzadas. La frase “la omisión institucional también mata” resume el hartazgo colectivo frente a un sistema que normaliza la desaparición y asesinato de personas

Finalmente, el caso de Sandra exige consecuencias políticas concretas. No basta con homenajes o comunicados oficiales: se requiere una transformación real en la protección a defensores de derechos humanos, en el combate a la impunidad y en la implementación de políticas con enfoque de género y pertinencia cultural. La lucha de Sandra no debe apagarse con su muerte; al contrario, debe convertirse en un llamado urgente a dignificar la vida de quienes luchan por justicia, especialmente en contextos marcados por el racismo, el machismo y la corrupción.

Afirma Salomón Jara que edil de San Agustín Etla recurre al chantaje

La disputa entre el presidente municipal de San Agustín Etla, Isaac Cruz Cano, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, sobre el cierre del suministro de agua a la ciudad capital, representa un conflicto político más allá del acceso a un recurso vital. La decisión del alcalde de cerrar válvulas como medida de presión y la respuesta del gobernador calificándolo de “chantaje” evidencian tensiones entre niveles de gobierno y formas paralelas de autoridad, particularmente en contextos donde los bienes comunales tienen un peso político y jurídico importante. Este conflicto pone en evidencia la fragilidad de los acuerdos interinstitucionales sobre recursos estratégicos.

El gobernador intenta posicionarse como defensor del orden legal al afirmar que el convenio de abastecimiento es con el Comisariado de Bienes Comunales y no con el municipio, lo que deslegitima la acción del edil desde una perspectiva jurídica. Sin embargo, la insistencia en la “ilegalidad” de la acción del presidente municipal también puede leerse como un intento de centralizar el control político sobre recursos naturales y limitar la autonomía municipal. En un estado con fuerte tradición de autogobierno indígena y comunitario, este tipo de tensiones puede escalar fácilmente si no se manejan con sensibilidad política.

Este episodio ya lo hemos vivido año con año, de esa misma comunidad, la cual en diversos trienios recurren a ese tipo de medidas drásticas para presionar sobre alguna exigencia incluso se escudan en la asamblea comunitaria, es decir que es decisión de toda la población. En lugar de escalar el conflicto con amenazas legales o descalificaciones públicas, se requiere un enfoque basado en la negociación política, será ahora una tarea para la Secretaria de Gobernación tratar de tranquilizar a los rijosos.

Porro de la UABJO reventó asamblea en Ixcotel

La elección de autoridades auxiliares en Santa María Ixcotel, marcada por violencia, desorden y detenciones, pone en evidencia una serie de fallas estructurales tanto en el funcionamiento de los sistemas normativos internos como en la operación del Estado de derecho a nivel municipal. Lo ocurrido no solo refleja un proceso electoral mal gestionado, sino también una disputa de poder local altamente politizada, donde actores con antecedentes partidistas, como Leticia Santiago Guendulain, o con vínculos con grupos porriles, como el detenido Francisco Velásquez «Sonrícs», alimentan un clima de confrontación que desborda los cauces legales e institucionales.

La persistencia de grupos que se niegan a aceptar los resultados o a respetar los procedimientos revela una profunda desconfianza en las instituciones electorales comunitarias, así como una instrumentalización de los sistemas normativos internos para fines partidistas o de poder faccioso. El uso de la violencia como herramienta para disputar resultados electorales es un síntoma alarmante de la erosión democrática en lo local, y en esa agencia de Santa Lucía del Camino ya es costumbre ese tipo de prácticas.

La presencia de actores como «Sonrícs», con historial de violencia en entornos estudiantiles como en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), sugiere que hay intereses externos al sistema comunitario intentando influir o manipular estos procesos, socavando aún más su legitimidad. Habría que preguntarse si ese personaje actuó por decisión propia o fue enviado por algún alto funcionario de la UABJO.
Algunas otras voces adjudican los hechos violentos al diputado local del Partido del Trabajo (PT) Dante Montaño Montero, ¿será?, mientras tanto se espera que los próximos días se reanude la asamblea para poder elegir a las nuevas autoridades auxiliares en esa agencia.

Destinan 4.5 millones de pesos para un concierto en Oaxaca

El concierto gratuito de Los Ángeles Azules en la Alameda de León, organizado por el gobierno de Oaxaca como parte del Festival Primavera Rodolfo Morales, ilustra una estrategia política común: el uso de eventos masivos culturales como instrumentos de legitimación gubernamental y de movilización simbólica del apoyo popular. Sin embargo, detrás del entusiasmo, se abren cuestionamientos sobre la opacidad en el uso de recursos públicos y las prioridades gubernamentales en un estado con profundas necesidades estructurales.

De las necesidades con más presión social son el abasto de medicamentos en hospitales públicos, así como insumos para distintos procedimientos quirúrgicos, todo lo anterior no solo en la capital del estado también en diversas regiones. La exigencia es clara, atención urgente al sector salud.

Pese a lo anterior, el costo del evento popular realizado el pasado 25 de abril fue de 4.5 millones de pesos, de acuerdo a lo expuesto en la mañanera, pero sin brindar transparencia sobre los procesos de contratación. La omisión de detalles clave como el tipo de procedimiento (licitación pública o adjudicación directa) o la empresa contratada para la organización genera dudas legítimas sobre posibles favoritismos o discrecionalidad en el uso del presupuesto cultural. Habría que preguntarse quien fue el beneficiado por este espectáculo.

Ahora falta conocer el costo total del festival y además del recurso destinado para Molotov quien se presento este lunes 28 de abril en el zócalo de la capital oaxaqueña. ¡Vaya prioridades para el gobierno de Oaxaca.!

Huajuapan de León foco rojo por ola de asesinatos

El asesinato de Hana Ali Rosales, integrante del Cabildo Juvenil de Huajuapan de León, ha expuesto con crudeza el deterioro de la seguridad en esta ciudad oaxaqueña. Su muerte no es un hecho aislado, sino parte de un patrón alarmante de violencia estructural y de género que afecta de manera particular a mujeres jóvenes en la región. A pesar de que autoridades estatal y municipal han reportado una supuesta disminución en homicidios, la realidad cotidiana es de miedo, desapariciones, impunidad y abandono institucional.

Huajuapan de León ocupa los primeros lugares en delitos como narcomenudeo, robo de vehículos, violencia familiar y feminicidios. Colectivos feministas han denunciado públicamente la existencia de redes de trata de personas que operan con total impunidad, lo que agrava la crisis social y humanitaria. Este martes 29 de abril a plena luz del día en el centro de Huajuapan ultimaron a balazos a un individuo, cosa que antes no se veía en esa ciudad.

Es oportuno señalar la responsabilidad del edil municipal, Luis de León Martínez Sánchez, cuya gestión ha sido marcada por la omisión, la indiferencia y la falta de voluntad política frente a la grave situación que vive la ciudadanía. Su administración no ha articulado ninguna estrategia seria de prevención ni de atención integral a las víctimas, limitándose a gestos simbólicos mientras los hechos violentos se acumulan. Su incapacidad para gobernar con responsabilidad ha contribuido directamente al clima de impunidad que permea en Huajuapan.

Los constantes asesinatos en esa ciudad de la mixteca oaxaqueña, no deben pasar desapercibido incluso algunas voces señalan que esta administración municipal ha sido una de las peores que han tenido, por permitir la operación de grupos criminales en total impunidad.

Ahí nomas.