La Pluma de Oaxaca
Designación de Directora de Planeación en el COBAO causa críticas; denuncian nepotismo
El Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) enfrenta nuevas críticas tras el nombramiento de Dulce Hemilse Hernández Matías como Directora de Planeación. Diversos sectores de la base trabajadora señalan que esta designación responde a una relación personal con Flavio Sosa, actual secretario de las Culturas y exlíder de la APPO, lo que ha generado acusaciones de nepotismo dentro de la institución.
Hernández Matías ingresó al Cobao en 2023 como subdirectora académica del plantel 63 en San Bartolo Coyotepec, presuntamente por intervención directa de Flavio Sosa. Su trayectoria incluye un paso conflictivo por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTE), donde fue retirada tras enfrentamientos con la dirección general. Desde entonces, han surgido diversas denuncias en su contra, incluyendo presuntos abusos de autoridad y problemas en su trato con el personal docente.
De acuerdo con testimonios de trabajadores del Cobao, Hernández Matías ha acumulado acusaciones por presuntas conductas inapropiadas, entre ellas permitir o participar en el consumo de alcohol con estudiantes, así como por generar un ambiente laboral hostil. A pesar de estas denuncias, la Dirección General de la institución, encabezada por Angélica García Pérez, ha mantenido su respaldo a Hernández Matías.
La permanencia de Hernández Matías en cargos directivos ha sido relacionada con la cercanía política entre Flavio Sosa y César David Mateos Benítez, actual diputado local y padre del hijo de la directora general del Cobao. Según los trabajadores, ambos políticos mantienen presencia constante en las oficinas centrales del colegio, lo que refuerza las sospechas sobre un manejo discrecional de los nombramientos y decisiones institucionales.
Ante esta situación, trabajadores de la Dirección de Planeación han anunciado que preparan una protesta para denunciar públicamente lo que consideran una serie de abusos y actos de favoritismo. También piden que se investigue a fondo el proceso de designación de Hernández Matías, así como las acusaciones en su contra, para garantizar transparencia y rendición de cuentas en la institución.
Jara pretende incidir en la elección del Poder Judicial
La participación directa del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, en la operación política para influir en la elección del Poder Judicial de la Federación representa una alarmante ruptura del principio de división de poderes. Aunque la propuesta presidencial de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular se ha presentado como un ejercicio democrático, la intervención de ejecutivos estatales para direccionar el voto socava la legitimidad del proceso.
Lejos de fortalecer la participación ciudadana, este tipo de maniobras refuerza prácticas autoritarias disfrazadas de democracia participativa.
La reunión privada convocada por el gobierno estatal a presidentes municipales en los Valles Centrales —donde se prohibió el uso de celulares y se dieron instrucciones explícitas sobre cómo orientar el voto— exhibe una estrategia de control vertical desde el poder, más cercana al corporativismo político que a la deliberación democrática. El uso de recursos públicos como moneda de cambio electoral, a través de la promesa de obras y financiamiento municipal, no solo constituye una práctica clientelar, sino una forma moderna de coerción institucionalizada.
Este tipo de prácticas anula el supuesto carácter libre de una elección y pone en evidencia cómo los aparatos de gobierno pueden manipular los mecanismos electorales incluso cuando estos son promovidos como ejercicios de empoderamiento ciudadano. El diseño de volantes que simulan boletas oficiales y su distribución masiva con instrucciones de voto es una forma de propaganda disfrazada de pedagogía electoral, pero orientada claramente a manipular el sufragio en favor de intereses específicos.
El hecho de que este esquema se aplique a una elección inédita para elegir miembros del Poder Judicial agrava aún más la situación. En un país con una democracia aún en consolidación, permitir que el aparato gubernamental imponga condiciones en un proceso destinado a renovar a jueces y magistrados abre la puerta a la captura del Poder Judicial por parte del Ejecutivo. Esto contradice el espíritu de independencia judicial y erosiona los contrapesos que deberían existir en un régimen republicano.
Más allá del caso específico de Oaxaca, este episodio revela una tendencia preocupante a nivel nacional: el uso del aparato estatal para garantizar el alineamiento político en todos los niveles de gobierno. La reforma judicial propuesta puede tener aspectos debatibles, pero su credibilidad se destruye si su implementación recae en mecanismos de control político. El verdadero riesgo no es la elección por voto directo, sino el uso de ese voto como una simulación democrática orquestada desde el poder.
Aspiración bajo la lupa: Berenice Ramírez Jiménez busca ser magistrada de circuito pese a señalamientos por corrupción
La magistrada Berenice Ramírez Jiménez, actual integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, ha manifestado su interés en ser promovida como magistrada de circuito del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, su aspiración ha encendido alertas entre organizaciones civiles, integrantes del propio Poder Judicial local y actores políticos, debido a los múltiples señalamientos de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo que ha enfrentado durante su gestión en el ámbito estatal.
Ramírez Jiménez ha sido una figura polémica dentro del sistema judicial oaxaqueño. Su nombre ha estado vinculado a decisiones judiciales cuestionadas, presuntos acuerdos extrajudiciales y el uso discrecional de su cargo para beneficiar a personajes cercanos a grupos de poder. Entre las denuncias más relevantes se encuentra su participación en la manipulación de nombramientos dentro del Tribunal y la opacidad en el manejo de recursos institucionales, especialmente durante procesos administrativos clave.
Diversas fuentes internas del Poder Judicial señalan que Ramírez Jiménez ha sido pieza clave en la consolidación de una red de intereses que ha debilitado la independencia judicial en Oaxaca. En más de una ocasión, sus decisiones como magistrada han sido señaladas como parciales, beneficiando a actores políticos específicos a cambio de respaldo para su carrera profesional. A ello se suma el reclamo constante por la falta de transparencia en sus actuaciones, incluso dentro del propio Consejo de la Judicatura Estatal.
A pesar de este historial, Ramírez Jiménez ha emprendido una campaña silenciosa para escalar al Poder Judicial federal, recurriendo al cabildeo político con legisladores afines y operadores judiciales en la Ciudad de México. La preocupación entre sectores académicos y organizaciones defensoras de la legalidad radica en que su eventual designación enviaría un mensaje negativo sobre los criterios de meritocracia y ética judicial en el país, especialmente en un contexto nacional que se encuentra discutiendo una reforma profunda del sistema judicial.
La pregunta del millón, ¿tendrá realmente el respaldo de la ciudadanía y más aún tendrá posibilidades de triunfo en este proceso electoral judicial?. Será interesante ver los resultados de los cómputos para que la misma presidenta del TSJEO se dé cuenta del rechazo ciudadano que se ha ganado a pulso.
Ahí nomas.
