La Pluma de Oaxaca

Sección 22 de la CNTE presiona a Sheinbaum con boicot a elecciones judiciales

A pocos días de las elecciones para renovar el Poder Judicial Federal, la Sección 22 de Oaxaca —brazo combativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)— ha encendido nuevamente las alarmas del país con su anuncio de boicot electoral. La historia se repite, pero el contexto es diferente. Ya no estamos en los años de fuego del sexenio de Peña Nieto, ni bajo la misma luna que alumbró la Reforma Educativa que tanto indignó a los maestros disidentes. Estamos en 2025, con un gobierno que se autodefine como aliado del pueblo, y que paradójicamente ha sido duramente cuestionado por estas mismas organizaciones.

La Sección 22 ha vuelto a las calles con la fuerza de siempre: bloqueos, marchas, plantones, discursos incendiarios. Las consignas siguen apelando a la dignidad magisterial, a la defensa de la educación pública, y ahora, a una supuesta “imposición” en la elección del nuevo Consejo de la Judicatura. ¿Pero qué está realmente en juego? ¿Estamos ante una legítima expresión de resistencia o frente a una estrategia anacrónica que pierde eficacia en el actual tablero político?

El anuncio del boicot a las elecciones judiciales parece responder más a una lógica de desgaste que de transformación. La CNTE, especialmente su ala oaxaqueña, ha sido históricamente un actor disruptivo, una fuerza que incomoda y cuestiona el status quo. Pero en esta ocasión, su narrativa se percibe desfasada y difusa. La elección judicial, aunque polémica en su diseño, no ha sido objeto de un debate público profundo más allá de los círculos especializados. ¿Cómo justificar entonces una movilización de tal envergadura sin un proceso claro de pedagogía política hacia la sociedad?

Más grave aún es que la táctica del boicot electoral, lejos de sumar simpatías, tiende a reforzar la percepción de una CNTE aislada, más preocupada por mantener cuotas de poder gremial que por articular un verdadero proyecto educativo o de justicia social. Los bloqueos que afectan a miles, el cierre de escuelas, la parálisis de actividades económicas, terminan afectando precisamente a los sectores populares que la organización dice defender.

Es necesario reconocer que detrás del ruido hay demandas legítimas: rezago en infraestructura educativa, condiciones laborales precarias, criminalización de la protesta, centralismo en la toma de decisiones. Pero esas banderas se desdibujan cuando se opta por la confrontación permanente como única vía. El país necesita una CNTE que dialogue, que proponga, que se renueve. No una que repita el guion del conflicto sin ofrecer salidas viables.

La elección del Poder Judicial el 1 de junio representa, para muchos, una oportunidad de abrir la justicia a nuevos contrapesos, aunque imperfectos. Para otros, es un riesgo de politización institucional. En cualquiera de los casos, la CNTE pierde legitimidad cuando se opone sin matices y con métodos desgastados. La democracia no se construye con boicots ni con bloqueos, sino con participación crítica y activa. Si la CNTE quiere volver a ser escuchada más allá de sus bastiones, tendrá que reinventar su forma de lucha.

Acordeones, presión política y la elección del Poder Judicial en Oaxaca

La reciente elección de integrantes del Poder Judicial en Oaxaca ha estado marcada por señalamientos de prácticas indebidas, incluyendo el uso de “acordeones” —papeles con instrucciones de voto— distribuidos presuntamente por operadores políticos ligados al partido Morena. Estas denuncias han encendido las alarmas sobre la independencia del proceso y la legitimidad de los nuevos nombramientos.

Fuentes legislativas aseguran que previo a la sesión del Congreso local en la que se votaría por aspirantes a magistraturas, varios diputados habrían recibido listas con los nombres exactos de los candidatos a respaldar. Estas listas, conocidas como acordeones, fueron atribuidas a operadores de Morena que han mantenido una presencia activa en la promoción de ciertos perfiles, incluso a través de redes sociales y actos públicos.

La polémica se intensificó tras la difusión en redes sociales de fotografías donde se observan documentos impresos con nombres subrayados, presuntamente usados durante la votación. Al mismo tiempo, varios actores políticos identificados con Morena emprendieron una campaña discreta pero eficaz para promover a sus candidatos favoritos, resaltando sus perfiles en entrevistas, boletines y declaraciones públicas.

Organizaciones civiles y colectivos judiciales han expresado su preocupación por la intromisión política en un proceso que, según la ley, debería centrarse en criterios de imparcialidad, experiencia y probidad. “La elección del Poder Judicial debe estar por encima de los intereses partidistas. De lo contrario, se compromete seriamente la autonomía del sistema de justicia en Oaxaca”, advirtió un comunicado firmado por el Observatorio Ciudadano por la Justicia.

Será sin duda una elección de estado, por cierto van los candidatos que desde Palacio de Gobierno le apuestan a ser los ungidos, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) van por apoyar a las candidatas con los números: 03, 08, 22, 25 y 26 para hombres serían: 34, 41, 43 y 48.

Para Magistraturas del Tribunal de Disciplina (creado por primera vez), la primavera oaxaqueña apoya a mujeres con los números: 02, 04 y 09 y hombres con los números 23 y 31. Para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le apuestan a la candidata con el número 06 y al candidato con el número 07.

Para la Sala Regional Xalapa del TEPJF los morenistas oaxaqueños impulsan el voto a favor de las candidatas con los números 02 y 03 y en hombres al candidato con el número 19. En fin, en Oaxaca la operación está en marcha, sin duda será una jornada compleja y en caso de salir victoriosos los morenistas tendrían control del Poder Judicial.

Congreso de Oaxaca llama a salir a votar este 1 de junio

El llamado de Benjamín Viveros Montalvo a votar por jueces y ministros del Poder Judicial el próximo 1 de junio se presenta como un acto “histórico” de participación ciudadana, pero plantea serias dudas sobre el rumbo que está tomando la justicia en el país. Transformar un proceso técnico y profesional en una contienda electoral abre la puerta a la politización del Poder Judicial, un riesgo grave para su autonomía e imparcialidad.

Aunque Viveros afirma que este modelo erradicará la corrupción y las cuotas de poder, sustituir el dedazo por campañas electorales judiciales no garantiza transparencia. Al contrario, abre interrogantes sobre quién financiará esas campañas, qué intereses estarán detrás de los candidatos, y cómo el ciudadano común —sin formación jurídica especializada— podrá evaluar perfiles altamente técnicos.

Más preocupante aún es la estigmatización de los grupos que cuestionan este proceso, a quienes el diputado acusa de querer mantener la corrupción. Esta narrativa descalifica la crítica legítima y apaga el debate necesario sobre un cambio tan profundo. No toda oposición es desinformación, y etiquetarla así es una forma de autoritarismo discursivo.

Finalmente, llamar a votar cuando apenas se instalará el 60% de las casillas también pone en duda la equidad del proceso. La urgencia por legitimar esta elección parece más una jugada política que un ejercicio serio de reforma judicial. El voto ciudadano no puede ser excusa para debilitar un Poder Judicial que, más que popular, necesita ser independiente.

Ex comisionado de San Juan Mazatlán señalado por ejercer violencia de género

Lo que ocurre en San Juan Mazatlán no es un simple caso de corrupción ni una disputa política más en los municipios oaxaqueños. Es la síntesis más brutal del abuso de poder en su forma más violenta y patriarcal. Las acusaciones contra José Raúl Arias Toral —excomisionado municipal que opera en la ilegalidad— van desde la usurpación de funciones hasta actos sistemáticos de violencia sexual contra mujeres y jóvenes indígenas mixes. Y lo peor: con la complicidad del silencio institucional.

Las denuncias de las víctimas, que relatan cómo eran hostigadas, amenazadas y forzadas a enviar imágenes íntimas para no perder apoyos gubernamentales, revelan una red de violencia que trasciende lo administrativo. Estamos ante un caso de violencia de Estado ejercida desde las estructuras del poder local. Que estas acciones se dieran en el contexto de dependencia institucional y con un uso descarado de los recursos públicos, convierte a Arias Toral en algo más que un agresor: lo posiciona como símbolo de la descomposición política y moral de ciertas autoridades.

Resulta inaceptable que, pese a la anulación de su nombramiento por parte del Tribunal Electoral federal, Arias continúe operando con total impunidad, firmando documentos y controlando recursos. ¿Dónde están el gobernador, la Secretaría de Gobierno, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña? Su omisión es cómplice. San Juan Mazatlán ha sido abandonado a un régimen de facto que utiliza el poder como herramienta de dominación sexual y racista contra mujeres indígenas.

Ahí nomas.