La Pluma de Oaxaca
Delegada de Profeco en Oaxaca sí fue detenida tras accidente y remitida a la FGEO
María de Lourdes Santiago Cruz, delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Oaxaca, fue detenida el pasado domingo 8 de junio por elementos de la policía municipal de Tlalixtac de Cabrera, tras verse involucrada en un accidente automovilístico que cobró la vida de dos jóvenes.
El hecho ocurrió alrededor de las 14:00 horas en el kilómetro 175 de la carretera federal 175, a la altura del puente Benito Juárez, cerca de la desviación a San Andrés Huayapan. De acuerdo con reportes oficiales, un vehículo Chevrolet Tracker color gris, conducido por Santiago Cruz, impactó contra una motocicleta Honda 150 en la que viajaban dos mujeres de 20 años, identificadas como Maritza Guzmán y Karla Gómez. Ambas perdieron la vida en el lugar a causa del fuerte impacto.
Las autoridades municipales confirmaron que la funcionaria fue detenida en el sitio del siniestro y posteriormente puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través del síndico municipal David Ernesto Hernández, quien actuó como primer respondiente. Con ello, se desmintieron versiones preliminares que apuntaban a una supuesta fuga de la funcionaria con el apoyo de elementos de la Policía Vial Estatal.
Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha emitido un posicionamiento público sobre el caso. Fue la oficina central de Profeco en la Ciudad de México la que confirmó, mediante un comunicado, el involucramiento de la funcionara y señaló que la institución estará atenta a los resultados de las investigaciones.
La situación jurídica de María de Lourdes Santiago Cruz, de 50 años y exesposa del actual secretario de Cultura del estado, Flavio Sosa Villavicencio, deberá definirse en el transcurso de este martes, cuando vence el plazo constitucional para determinar su situación legal.
Conflictos electorales en municipios de Oaxaca ponen en riesgo gobernabilidad
El Congreso de Oaxaca se encamina a cometer una grave violación al estado de derecho al convocar una sesión extraordinaria para suspender los ayuntamientos de Zapotitlán Palmas y San Juan Mazatlán Mixe, y designar un Concejo Municipal en Santiago Atitlán Mixe. El caso de San Juan Mazatlán es especialmente escandaloso, pues su Ayuntamiento cuenta con una sentencia firme del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que respalda su legitimidad. Aun así, se pretende desaparecer sus poderes, desafiando de manera directa al máximo órgano electoral del país.
Esta decisión, según fuentes legislativas y comunitarias, responde a una lógica de imposición política que ignora la autonomía de los pueblos indígenas y los derechos político-electorales de sus habitantes. No se trata solo de una falta de diálogo o de tacto político, sino de un desacato institucional deliberado, que erosiona la legitimidad del Congreso oaxaqueño y amenaza los principios democráticos más básicos.
Bajo el pretexto de resolver conflictos, el Congreso actúa como ejecutor de intereses externos a las comunidades, vulnerando su derecho a la libre determinación y autogobierno. Estas acciones, disfrazadas de legalidad, cancelan de facto la voluntad popular y colocan a las instituciones al servicio del control político, no de la justicia ni del respeto a la ley.
En un estado históricamente marcado por luchas por la autonomía indígena, esta clase de decisiones representan un retroceso peligroso. Este tipo de determinaciones pone en riesgo la estabilidad política y gobernabilidad en la entidad, recordemos que algunas comunidades han estado insistiendo en el reconocimiento de sus autoridades incluso amenazan con movilizarse a la capital. Estaremos atentos a los próximos acuerdos y pronunciamientos.
Se agudiza crisis interna en la UABJO
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) ha vuelto a ser noticia, no por sus aportes académicos ni por el debate jurídico, sino por una violenta toma de sus instalaciones y una profunda crisis interna que evidencia el deterioro institucional de una de las facultades más importantes del estado.
La reciente toma del edificio —violenta, arbitraria y acompañada de acusaciones cruzadas— es solo la punta del iceberg. La directora de la facultad, Rocío Martínez Helmes denunció intereses políticos y una guerra sucia detrás del conflicto en la facultad. Acusaciones que, aunque graves, no han sido acompañadas de investigaciones claras ni del respaldo institucional que debería proveer el Consejo Universitario o la Rectoría misma.
El conflicto actual, lejos de ser aislado, es parte de un ciclo vicioso en la UABJO: disputas por el poder interno, cuotas de control, y una politización extrema que ha transformado a las facultades en espacios de confrontación más que de formación. Lo preocupante no es solo la toma en sí, sino la normalización de estas prácticas en el entorno universitario oaxaqueño. ¿Qué mensaje estamos enviando a los futuros juristas cuando las decisiones en su propia facultad se resuelven con violencia y señalamientos sin consecuencias?
La dirección actual ha denunciado amenazas, sabotaje administrativo y hasta intentos de secuestro institucional por parte de grupos afines a exdirectivos. No es un secreto que algunos cacicazgos han operado durante décadas en la UABJO, pero el silencio cómplice de autoridades universitarias y estatales ha permitido que esta podredumbre eche raíces. Hoy, los estudiantes son rehenes de un conflicto que no provocaron, pero que padecen en su derecho a estudiar, a tener clases regulares y a formarse en un ambiente seguro.
Algunas voces al interior de la UABJO aseguran que todos estos episodios son por el proceso que se avecina para la renovación de la rectoría, la cual por cierto no ha emitido pronunciamiento alguno sobre lo que ocurre en la Ciudad Universitaria. Es bien sabido que el actual rector Cristian Carreño fue muy cercano al círculo priista y ahora con la llegada de Salomón Jara se convirtió en morenista. Estaremos atentos de lo que ocurra en la UABJO.
Ahí nomás.
