La Pluma de Oaxaca

Van dos alcaldes asesinados en Oaxaca durante 2025

El 15 de junio de 2025, la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, fue acribillada dentro del Palacio Municipal junto con al menos otra persona, frente a las cámaras de seguridad y en apenas dos minutos de horror. El ataque –realizado por cinco hombres armados con fusiles tipo AR‑15 y otras armas de grueso calibre– deja claro que ni el cargo ni la investidura brindan inmunidad frente a los sicarios

Lo más perturbador no es solo la violencia del hecho, sino la normalización de este tipo de agresiones políticas. García Soto según declaraciones de familiares, habría solicitado actuar ante la violencia en San Mateo Piñas, además -según su hijo- habría advertido que estaba en riesgo de alguna agresión. Autoridades investiga si su asesinato tiene que ver con denuncias de desvío de recursos realizadas por la alcaldesa meses antes.

Esto revela un entorno peligroso para funcionarios municipales que deciden enfrentar hechos irregulares o denunciar el saqueo público. La impunidad repite su guion: en mayo fue asesinado el alcalde Mario Hernández en Santiago Amoltepec, y hasta hoy las investigaciones no avanzan o al menos no hay ningún responsable detenido.

Otro tema que resulta importante destacar es el de Zapotitlán Palmas donde la presidenta municipal, Inés Martínez Reyes, rechazó incurrir en actos de corrupción, malversación de recursos y afirmó ser víctima de violencia política en razón de género.

Hace unos días, en el Congreso de Oaxaca se cocinaba la idea de validar la desaparición de poderes y nombrar a un consejo municipal que lleve las riendas, pero la medida pareciera atender a un grupo que busca apoderarse del control y desplazar a la alcaldesa. Quien, por cierto, en conferencia de prensa frente al palacio de gobierno, responsabilizó al titular de la Secretaría de Gobierno, en caso de alguna agresión contra ella o su cabildo.

¿El aparato en contra de quienes no se prestan a las jugadas?

Juchitán vive momentos de terror

En la región del Istmo de Tehuantepec se repitió un viejo escenario de miedo: ayer, 16 de junio de 2025, dos tiendas Oxxo fueron incendiadas en Juchitán, víctimas del crimen organizado que exige el «derecho de piso». Aunque los detalles no han sido difundidos ampliamente, las comparaciones con agresiones anteriores son claras.

Históricamente, las tiendas Oxxo han sido blanco frecuente de esta violencia: no pagan extorsiones y operan con gran visibilidad, lo que convierte su quema en un acto simbólico poderoso para los grupos criminales.

Pero el ataque trae consecuencias directas: destruye empleos, paraliza la economía local y refuerza el mensaje de impunidad, pues los comerciantes locales ven que, a pesar de denunciar, las autoridades no actúan. En Juchitán, empresarios relatan que “si no das para la gasolina, el caso no camina”; quejas de corrupción y negligencia que alimentan una espiral de miedo.

Oaxaca se encuentra en una encrucijada: el silencio sobre estos crímenes no puede ser una alternativa. Es urgente que: el gobierno federal retome el control de la seguridad en la entidad, más en la zona del Istmo de Tehuantepec, que tal parece que para el gobierno del estado están rebasados.

Violencia en el Istmo de Tehuantepec ocasiona suspensión de clases

La suspensión de actividades escolares, comerciales y del transporte público en Juchitán de Zaragoza refleja el profundo estado de vulnerabilidad en que se encuentra la población civil frente al crimen organizado. El cierre de instituciones como el Instituto Tecnológico del Istmo y el CBTIS 205 no solo implica un alto costo educativo, sino que representa un síntoma claro de cómo el control territorial de los grupos delictivos ha desplazado la autoridad legítima del Estado. En este contexto, las y los estudiantes, docentes, comerciantes y transportistas se ven forzados a ceder ante el miedo y la violencia, normalizando la parálisis como mecanismo de autoprotección. La respuesta estatal, aunque visible a través de operativos de la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal, parece más reactiva que preventiva. La instalación de retenes tras la quema de dos tiendas OXXO —presuntamente en represalia por la detención de familiares del “Comandante Cromo”— muestra que el crimen organizado actúa con rapidez, capacidad de fuego y conocimiento del terreno, lo cual evidencia una estructura bien articulada que desafía abiertamente al Estado. La estrategia de seguridad pública en Oaxaca, particularmente en el Istmo, ha sido incapaz de anticipar o contener estos estallidos de violencia.

Lo más preocupante es que estos hechos violentos no son aislados, sino que se insertan en un patrón creciente de criminalidad que afecta a múltiples municipios del estado. La falta de continuidad institucional, la debilidad de los cuerpos policiacos municipales y la impunidad generalizada han permitido que los grupos delincuenciales consoliden su poder. La ciudadanía juchiteca, al exigir refuerzos en seguridad, está en realidad suplicando la restauración de lo más básico: el derecho a la vida y a la movilidad sin miedo.

Por cierto, algo pasa en el gabinete. El titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero, no le avisó o informó al gobernador Salomón Jara sobre la suspensión de actividades educativas en la región derivado de los hechos violentos. ¿Por qué será?. La prensa local evidenció la falta de coordinación entre el equipo del gobernador, lo cual diche mucho.

La pregunta de la semana: ¿quién intento de sabelotodo se la pasaba haciendo menos al nuevo Presidente de la Corte? Ups, dicen que lo único bueno de esto, es que Hugo Aguilar no es vengativo. Imagínese que si lo fuera…

Ahí nomás…