La Pluma de Oaxaca

URO lanza acusaciones contra Flavio Sosa

Lo que comenzó como un tuit virulento se convirtió en una radiografía cruda de las miserias políticas que persisten —y se reciclan— en Oaxaca. El mensaje, dirigido a Flavio Sosa Villavicencio y con una batería de acusaciones que alcanza a José Nelson Murat Casab y su hijo Alejandro Ismael Murat Hinojosa, es un estallido que no puede leerse solo como insulto. Es, ante todo, una descarga visceral que confirma lo que la ciudadanía percibe: que la política local está atrapada en una guerra de traiciones, pactos turbios, y lealtades a precio de mercado.

Más allá del tono —que roza el linchamiento digital y la amenaza personal—, el texto deja entrever un escenario sórdido. Habla de dinero entregado en maletas, de traiciones a movimientos sociales, de entregas de militantes a cambio de recompensas, de la destrucción de instituciones para borrar huellas de corrupción. Y aunque muchas de estas afirmaciones deben probarse legalmente antes de aceptarse como verdad, su sola circulación muestra la podredumbre instalada en lo que debería ser el servicio público.

Es importante preguntarse: ¿por qué ahora? ¿Por qué estas acusaciones salen a la luz en redes y no en tribunales? La respuesta está en el uso faccioso de la moral y la justicia: cuando la política se vuelve ajuste de cuentas personal, ya no se trata de servir al pueblo ni de denunciar en nombre del bien común, sino de destruir al otro en la plaza pública, de restar poder para sumar venganza.

Es preocupante que actores políticos que alguna vez encabezaron luchas legítimas —como el movimiento de la APPO— hoy estén envueltos en este tipo de guerras de lodo. La izquierda social que se forjó en las calles parece haber perdido el rumbo, atrapada en redes clientelares, en puestos burocráticos sin contenido y en pactos con aquellos a quienes juraron combatir.

En Oaxaca, y en buena parte del país, la política se ha convertido en un juego de máscaras donde los supuestos adversarios comparten las mismas prácticas, las mismas estrategias y, a veces, los mismos patrocinadores. A cada escándalo, la respuesta no es una demanda judicial, sino una filtración más escandalosa, un expediente abierto en redes, o una amenaza disfrazada de ironía.

Vivimos en tiempos donde la descomposición ya no se oculta: se exhibe con cinismo. Y eso, más que una señal de transparencia, es un síntoma de decadencia.

Si hay grabaciones, pruebas, investigaciones serias, que se presenten ante las instancias correspondientes. Si no, lo que queda es solo otro capítulo en la tragicomedia de la política mexicana: una lucha no por ideas, sino por puestos; no por justicia, sino por control. El verdadero problema es que, en medio de estos fuegos cruzados, la ciudadanía sigue sin justicia, sin servicios y sin futuro.

Limpian Juchitán; toman control de la seguridad

Cuando un gobierno necesita tomar el control de una policía municipal, es señal de que las instituciones locales han fracasado. Lo que se presenta como una “Operación Sable”, con más de mil elementos de fuerzas federales y estatales desplegados en Juchitán de Zaragoza, no es un logro del Estado, sino la admisión de su profunda crisis de gobernabilidad y seguridad.

El operativo, según el comunicado oficial, busca “garantizar la paz social” y es una “respuesta institucional contundente” ante el desbordamiento del crimen organizado. Pero en realidad, representa una radiografía de lo que Oaxaca arrastra desde hace décadas: una policía municipal infiltrada o rebasada por el crimen, una Fiscalía que solo actúa con despliegues espectaculares, y un Estado que llega tarde y solo reacciona cuando el fuego ya está fuera de control.

No es casual que sea Juchitán. Esta ciudad istmeña ha sido históricamente un epicentro de tensiones sociales, económicas y políticas. El abandono institucional, la corrupción municipal y la pobreza estructural crearon el terreno fértil para que grupos delictivos se asentaran con impunidad. ¿Por qué se permite que una policía municipal opere sin control, hasta que es necesario intervenirla por completo?.

El anuncio de que los policías locales deberán someterse a exámenes de control y confianza no es novedoso; es una obligación que lleva años en la ley, pero que rara vez se cumple. Hoy se presenta como medida excepcional algo que debió ser norma.

La intervención tiene efectos inmediatos: presencia militar, retenes, recorridos disuasivos. Pero lo urgente no puede sustituir a lo importante. Sin una estrategia de seguridad de largo plazo, sin depuración sostenida de cuerpos policiacos, sin inversión en prevención del delito y reconstrucción del tejido social, lo único que se garantiza es un regreso al caos apenas se retire el operativo.

Además, estas intervenciones tienen un alto costo político. Son también una forma de intervención vertical del poder estatal y federal sobre gobiernos municipales que, aunque muchas veces ineficientes o cómplices, son legalmente autónomos. ¿Qué queda de esa autonomía cuando los alcaldes pierden el control de su seguridad pública?

Por cierto, el edil Miguel Sánchez Altamirano anda muy nervioso tanto así que recurrió al respaldo del director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, quien se ha dedicado a operar reuniones y conferencias de prensa para tratar de limpiar la imagen de su amigo. ¿Cuál es el interés de Montero?

Siguen actos de corrupción en el sector salud de Oaxaca

En Oaxaca, un viejo mal se viste de nuevo rostro, pero con las mismas mañas de siempre. Esta vez, los señalamientos apuntan directamente a Gilberto Velazco, operador político y financiero incrustado en el sector salud del estado, quien ha desatado la indignación de un grupo de empresarios locales que, cansados de los abusos y extorsiones, han decidido alzar la voz.

Según los denunciantes, Velazco exige «moches» superiores al 15% a proveedores oaxaqueños a cambio de liberar pagos y permitir su participación en licitaciones públicas. Pero no solo eso: también los margina deliberadamente para favorecer a empresas foráneas —principalmente de la Ciudad de México— en una red de complicidades que huele a podredumbre administrativa y a intereses ajenos al bienestar de Oaxaca.

Lo más alarmante es que esta figura no llegó sola ni por méritos propios: fue colocado por el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Farid Acevedo López. Y como si el cinismo no tuviera límites, se sabe que Velazco tiene un historial plagado de denuncias por corrupción, además de estar vinculado con el tristemente célebre Manuel Vera Salinas, con quien ya protagonizó negocios oscuros, como la venta de patrullas en mal estado, cobradas con sobreprecio y sin escrúpulos.

Frente a este panorama, la pregunta es obligada: ¿Dónde está el Gobernador Salomón Jara? Su discurso de campaña fue claro: primero Oaxaca, primero su gente, primero sus empresarios. Pero los hechos muestran una realidad contraria, donde operadores de dudosa reputación se enriquecen a costa de los recursos públicos y del esfuerzo de empresas locales que solo buscan competir en condiciones justas.

La exigencia ya está en la mesa: el Gobernador debe intervenir de inmediato. No se puede hablar de una transformación verdadera mientras se permite que operadores como Velazco mancillen el servicio público, y peor aún, se les brinden espacios estratégicos para continuar con sus tropelías.

Porque si algo queda claro, es que el silencio oficial también se convierte en complicidad. Y Oaxaca, una vez más, no merece ser rehén de unos cuantos.

Ahí no más.