Oaxaca lidera agresiones contra defensores ambientales en 2024: CEMDA
El estado registró 42 agresiones y dos ejecuciones extrajudiciales, incluyendo el asesinato de las hermanas triquis Adriana y Virginia Ortiz García.
Redacción Oaxaca Político.- Durante 2024, Oaxaca se convirtió en la entidad con mayor número de agresiones contra personas defensoras del medio ambiente y el territorio en México, con un total de 15 eventos y 42 agresiones específicas, según documentó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en su informe anual.
El “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales en México 2024” ubica a Oaxaca por encima de entidades como Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz, que juntas concentraron más del 50% de las agresiones a nivel nacional. En todo el país, se documentaron 94 eventos y 236 agresiones específicas.
Entre los ataques registrados se incluyen actos de intimidación, amenazas, criminalización, violencia física, allanamientos, uso indebido de la fuerza y hasta ejecuciones extrajudiciales, como la que cobró la vida de Adriana y Virginia Ortiz García, mujeres triquis defensoras del territorio, originarias de San Juan Copala. Ambas fueron asesinadas a balazos el 6 de noviembre de 2024 en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, cuando descendían de un taxi.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos sugirió que su asesinato podría estar vinculado directamente con su labor como defensoras. En tanto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reveló que uno de los presuntos responsables era un elemento activo de la Policía Estatal, por lo que el caso se investiga como una posible ejecución extrajudicial.
A nivel nacional, el CEMDA registró 25 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente y territorio durante 2024: 21 homicidios y cuatro ejecuciones extrajudiciales. Esta cifra representa la segunda más alta en los últimos diez años, superada solo por los 29 casos reportados en 2017.
El informe advierte que la ausencia de registros en algunos estados no debe interpretarse como ausencia de riesgo. En muchas regiones, las agresiones no se documentan como ataques a defensores sino como delitos comunes, lo que invisibiliza la labor de defensa ambiental y los riesgos que enfrentan las comunidades.
